En Argentina, el discurso de odio experimentó un notable incremento, impulsado por la polarización política reciente entre la extrema derecha liberal y las corrientes progresistas o de izquierda, así como por el auge de personalidades de la actual gestión gubernamental. Estas figuras promueven narrativas distorsionadas y discriminatorias contra individuos o grupos, basándose en factores sociales e identitarios como género, sexualidad, clase, nacionalidad, origen étnico-racial, y religión, entre otros, a quienes responsabilizan de los problemas económicos, sociales, actuales. Un ejemplo de ello fue la reciente participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde empleó un lenguaje estigmatizante y descalificador dirigido a mujeres, migrantes, y la comunidad LGBTQ+. Sus declaraciones vincularon la “ideología de género” con la pedofilia, calificaron al feminismo como una “distorsión del concepto de igualdad”, y describieron a estos grupos como parte de una “epidemia woke” que debe ser “extirpada como un cáncer”.
Sumado a esto, el país experimenta un recrudecimiento de discursos xenófobos, racistas, y homofóbicas, contra las políticas de identidad, diversidad, y género, entre otras. Este fenómeno se inscribe en un contexto económico, político y social marcado por la pérdida de empleos, tanto formales como informales, la disminución del poder adquisitivo, el alto costo de vida y una pobreza estructural, que para el último trimestre del 2024 alcanzó un 49,9 por ciento, erosionando cada vez más el tejido social de la clase media y trabajadora.
Las expresiones discriminatorias se propagan en un ambiente global caracterizado por el auge de gobiernos y figuras políticas liberales, conservadoras, de extrema derecha, neofascistas, neorracistas, y extractivistas, en países como Estados Unidos, Alemania, e Italia. Este escenario debilita la democracia, vulnera los de derechos humanos y profundiza la polarización social, incitando a la violencia.
La normalización de estos discursos representa un peligro para la convivencia democrática y la protección de los derechos fundamentales. Ante esta situación, los activismos travesti-trans, antirracistas se enfrentan a desafíos complejos y urgentes. ¿Cómo reorganizar la lucha en un contexto de retroceso de derechos y avance de discursos de odio? ¿Cómo construir alianzas y estrategias efectivas, dentro de las agendas feministas, para contrarrestar la embestida conservadora, neofascista, y neorracista?
Derechos de “minorías” en disputa
Los ecos de las declaraciones del presidente Javier Milei en Davos resonaron en los medios de comunicación. Su asociación del colectivo LGBTQ+ con la pedofilia generó indignación y preocupación en organizaciones como “Orgullo y Lucha”, La Comunidad Homosexual de Argentina (CHA). Paralelamente, el Poder Ejecutivo modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (26.743/2012) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Estas modificaciones incluyen el artículo 61, que prohíbe el traslado de personas privadas de su libertad por motivos de cambio de género, y el artículo 62, que impide a menores de edad acceder a tratamientos hormonales y quirúrgicos. A esto se suma el anuncio de la derogación de la Ley de Cupo Laboral Trans, que garantiza el acceso al empleo formal para personas travestis, trans, y transgénero. Estas medidas tergiversan la esencia de estas leyes, limitando el acceso a derechos fundamentales de las personas travestis y trans.
Su lucha histórica resultó en la obtención de la Ley de Identidad y el cupo laboral trans. “Somos el chivo expiatorio de este gobierno de toda la pobreza y recortes de políticas de diversidad, género que vienen realizando. No somos un peligro, estamos en peligro”, expresa Daniela Ruiz, activista trans indígena-marrón, impulsora de la Ley de Cupo laboral trans, delegada del Sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fundadora de 7 Colores Diversidad e integrante del colectivo Identidad Marrón.
El anuncio presidencial de la posible eliminación de la figura de femicidio del código penal y la derogación de la Ley Micaela, que promueve la capacitación obligatoria en violencia de género para la administración pública, generó un clima de incertidumbre y temor. En contraste, las normativas que facilitaron el acceso al empleo, la formación educativa y la vivienda para mujeres en situación de pobreza y violencia de género, como el Programa Ellas Hacen (2013) y el cupo laboral trans, representan un avance significativo. Según Maru Vieyra, integrante de la agrupación Simón Bolívar y Secretaria de Cultura del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (ex-Ministerio de Desarrollo Social), “el acceso al empleo para ellas significa un cambio generacional”.
Ante este panorama, el 1 de febrero se realizó La Marcha del Orgullo LGBTQ+ Antifascista y Antirracista bajo la consigna “La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más” congregando cerca de 1,5 millones de personas en defensa de los derechos adquiridos y en repudio a las políticas discriminatorias y opresivas del gobierno. Estas acciones se hicieron eco en 25 ciudades del mundo, alzándose una voz global de resistencia transfronteriza y colectiva.
A su vez, a pedido activistas y colectivos LGTBQ+ el día 13 del mismo mes, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina, se debatió sobre la modificación del articulo 11 de la Ley de Identidad de Género y el peligro que aqueja para la comunidad travesti-trans. En ese sentido se solicitó al arco político la nulidad de estos. Sin embargo, actualmente, esta situación no fue resulta. La comunidad LGBTQ+ y los activistas de derechos humanos se encuentran en estado de alerta ante estas medidas, que representan un retroceso en la lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad.
A pocos días del 7M, Dia de la Visibilidad Lésbica, y el 8M, Día Internacional de la Mujer y el Paro Internacional, es crucial recordar que la lucha de estos movimientos y colectivos durante los últimos 15 años, logro el avance de vanguardia en materia de derechos humanos para mujeres, LGTBQ+, migrantes, en el reconocimiento y ampliación de Derechos. Ejemplos de ellos son: La Ley de Migraciones que pasó de equiparar “migrar con delito” a “migrar como derecho humano”; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; La Ley de Paridad de Género en ámbitos de Representación Política, La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como un derecho para toda persona gestante que así lo quisiera. En relación con este último punto, los desafíos y la continuidad de esta iniciativa “dependerá cada vez más del activismo local, ya que la situación podría agravarse el próximo año” comenta Martina Ferretto, integrante de La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito e investigadora del CONICET.
Esto se fundamenta en el actual panorama político, económico, y social del gobierno, que durante el primer año de gestión desarticuló y eliminó programas, instituciones, y organismos del estado creadas para la atención y asistencia de esta población. Entre ellos se encuentra la eliminación del Ministerio de Géneros y Diversidad, eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cierre de los Espacio de la Memoria, eliminación de contenidos educativos sobre Salud Sexual y Reproductiva, la degradación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a secretaria, la eliminación de programas de emergencia e integrales de atención a mujeres y personas trans-travestis, entre otros.
Narrar el transfeminismo y antirracismo hacia el 8M
Bajo estas condiciones la lucha y resistencia del activismo travesti-trans adquiere una relevancia crucial. Ante todo, su presencia, interpela el lugar que ocupan en la agenda del feminismo y LGTBQ+ del país y complejiza la forma de construir estrategias de resistencia y acceso a derechos. Así, su participación aporta una perspectiva interseccional que visibiliza las múltiples formas de opresión y propone alianzas para construir un futuro transversal, transfeminista, representativo, y antirracista.
Los orígenes de esta lucha colectiva se encuentran en la primera marcha “Plurinacional contra los Travesticidios y Transfemicidios” realizado en el año 2019, que se enmarcó con la modificación, en ese mismo año, del nombre “Encuentro Nacional de Mujeres (1986)” a “Encuentro Plurinacional, de Mujeres a Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries”, solicitado por mujeres y disidencias indígenas, marronas, campesinas, migrantes y afro, de diferentes territorios y espacios políticos del país que no se veían representadas. Desde entonces, esta marcha invitó a la reflexión al feminismo hegemónicos e institucional. Al respecto Daniela Ruiz menciona “nuestras voces no se escuchaban. Empezamos a traer esta agenda del racismo estructural que viene arraigado de una mirada eurocéntrica. En la asamblea del 2015, del 2019 nos encontramos con compañeras indigenas, marronas y dijimos basta de hablar por nosotras sin nosotras”.
Aludiendo a las asambleas de Ni Una Menos (2015) y del Encuentro Plurinacional (2019) que se caracterizaron por la inclusión y la representatividad política de las demandas de mujeres trans/travestis, indígenas, marrones, campesinas y trabajadoras de sectores populares, en la agenda del feminismo. Al respecto, Ruiz señala que “la consolidación de un feminismo plurinacional y antirracista fue posible gracias a nuestra insistencia en que el feminismo debe ser transfeminista y antirracista, ya que, sin nuestra participación, no habría avances significativos”.
Desafíos colectivos y cuidar lo adquirido
Este 8M se presenta con desafíos apremiantes: el desmantelamiento de políticas de género, diversidad e identidad, la flexibilización laboral, y la restricción de derechos, en un contexto de pobreza e indigencia que alcanza niveles sin precedentes en la última década. Las consignas para esta marcha y movilización resuenan con urgencia: “Contra el ajuste y el saqueo de derechos”, “Contra el achicamiento del Estado”, “Por una democracia sin odio ni violencia”. Paralelamente, el auge de discursos de odio obliga a las luchas colectivas de mujeres y LGTBQ+ a defender los derechos adquiridos y a enfrentar la escalada de violencia política y social. Surgen interrogantes: ¿Cómo reorganizar lo colectivo cuando la propia existencia está en juego? ¿Qué estrategias son posibles y viables frente a la criminalización de la protesta social?.
Así en un periodo donde la supervivencia de mujeres y LGTBQ+ racializados se encuentra en disputa no solo en términos de derechos sino de la vida misma, resuena, ¿Será, finalmente, el feminismo transfeminista, antirracista y con justicia social?.
Chana Mamani es una trabajadora social, docente, escritora decolonial y antirracista. Ella es Aymara migrante, dos espíritus. Coordina el área de feminismo y antirracismo en el colectivo Identidad Marrón. Autora de artículos y poemarios sobre erotismo indígena.
